Tagoror Achinech

Miércoles, 18 de octubre de 2006

UNIÓN POR EL SUELO RÚSTICO

Somos un colectivo de ciudadanos/as de organizaciones agrarias, ecologistas, sindicales, vecinales, consumidores y personas independientes preocupadas por la conservación de los recursos naturales vinculados directamente con la actividad agropecuaria. Nunca antes el suelo rústico de Canarias, escaso, frágil y con alto riesgo de desertificación, había estado en una situación tan grave: el abandono de los suelos cultivables por el progresivo empeoramiento de la crisis de la agricultura tradicional que acentúa los procesos erosivos, junto a la presión demográfica sobre los espacios insulares, está creando un contexto favorable para la especulación salvaje e irracional del territorio por los promotores urbanísticos con la complicidad de algunos, demasiados, responsables de la gestión del planeamiento. Marbella no es una isla. El 80% de las mociones de censura que se presentan en los ayuntamientos están motivadas por cuestiones urbanísticas.
Estudios realizados a nivel del estado sitúan actualmente el suelo de las Islas en los de mayor interés inmobiliario de España. En Canarias las empresas inmobiliarias han proliferado en los últimos años como hongos, una por cada 216 habitantes, 7519 en total el 4,16 % del total del estado. La superficie edificada en el Archipiélago en los últimos 15 años ha aumentado en un 54% y en islas como Fuerteventura la edificación ha pasado de 233 ha. a ocupar 628 un 169%, mientras que Tenerife ocupa un tercer lugar con un 51%, después de Lanzarote con un 60%.
Esta situación de voracidad del cemento y el piche sobre el territorio, junto a una dependencia agroalimentaria alarmante (importamos un 85% de alimentos vegetales y un 93% de origen animal) y la perspectiva, a corto plazo, del agotamiento mundial de los recursos energéticos fósiles, configuran una situación realmente preocupante para los que vivimos en unas islas, no en continentes como quieren hacernos creer algunos con sus desproporcionadas infraestructuras, donde la mayoría de lo que comemos tiene que viajar miles de kilómetros, mientras lo que producimos, cada vez menos, no puede competir con lo importado subvencionado y, además, se mal paga a los agricultores, por termino medio los consumidores pagan un 400% sobre el precio de origen.
Este panorama poco esperanzador es el resultado de una cultura del territorio y unas políticas agropecuarias de todos lo gobiernos autónomos que han pasado por aquí, desde el primero hasta el último, durante no se cuantas legislaturas. Un desastre peor que el Delta. Lo que han hecho solo puede ser considerado, por los resultados obtenidos, las actuaciones en algún que otro subsector como el vitivinícola y apicultor son operaciones de cosmética y el efecto de la administración de cuidados paliativos a un enfermo, la agricultura, cuyo diagnóstico es a peor la mejoría. Esto ya no se cura con paños calientes.
Los parámetros sobre la crisis del sector desde la década de los sesenta del siglo pasado, principios del desequilibrio productivo con la terciarización, hasta la fecha son claros y rotundos:
-La población activa ha pasado de un 30% a un 3,5%.
-la superficie de cultivo se ha reducido a un tercio, mientras la población se ha triplicado. En La Palma en los últimos 25 años el abandono del suelo agrícola representa el 90% de la superficie que se cultivaba.
-La capacidad de autoabastecimiento se ha bajado a unos límites preocupantes cuando la FAO recomienda no pasar del 50%.
-El números de plagas introducidas, se habla de setenta en los últimos diez años, por las importaciones que no se quieren controlar (a pesar de que la normativa de trazabilidad obliga a la identificación de todo producto).
-Pérdida de biodiversidad agrícola. Las variedades adaptadas a microclimas concretos con problemas de comercialización dejan de cultivarse.
-Y la permanente pérdida del poder adquisitivo de las rentas agrarias porque, entre otras razones, la política de subvenciones, para que no suba la cesta de la compra y luego tenemos la más cara de todo el estado, siempre han beneficiado (como las subvenciones de la PAC a nivel europeo) a quienes menos las necesitan y, especialmente, a favorecer los intereses del grupo de importadores amigos que, además, se les toleran las importaciones ilegal de cítricos y frutas subtropicales: en estos días del comienzo del otoño, naranjas de Uruguay que entran en Canarias vía península y aguacates de Chile, y no pasa nada. Viva la trazabilidad y la globalización. Ellos no paran de aumentar su fortuna y se dejan querer, con su pareja de hecho, en los eventos electorales para que nada cambie, mientras los pequeños agricultores y ganaderos, cada vez más empobrecidos, van abandonando en silencio el campo.
No existe voluntad política de afrontar de verdad el problema. Como, por otra parte, ha queda demostrado con lo que ha sido del expediente de El Rincón en el Valle de la Orotava que recoge una de las luchas más importantes en defensa del suelo agrícola en Canarias por el Comité ciudadano en Defensa del Rincón. 15 años después de la presentación en el Parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular con más de 33.000 firmas, aprobada la iniciativa y con una normativa específica, ley 5/1992 de 15 de julio de 1992 de Ordenación de la zona de El Rincón y un Plan Especial (1997), el boicot al cumplimiento normativo ha sido la respuesta tanto del Gobierno como del Parlamento autónomo. Aunque no es el momento de reflexionar sobre la participación ciudadana en las democracias representativas a través de las ILP, me parece oportuno recordar que tanto la de El Rincón como la de Plataforma ciudadana del no al Puerto de Granadilla de Abona, la ILP que más apoyo ciudadano ha conseguido en Canarias y que no se le permitió su entrada en el Parlamento, han llegado, al final, aunque en diferentes momentos del proceso administrativo, a una situación similar, la de obstaculizar la consecución de los objetivos que perseguían dichas iniciativas ciudadanas. Siendo, sin lugar a dudas, mucho más grave en el caso de El Rincón, donde el boicot no se produce directamente a la ILP sino a la normativa aprobada por el Parlamento para el desarrollo del plan de protección de este espacio agrícola de interés ecológico y paisajístico. Un claro incumplimiento de ley.
Otro ejemplo de irresponsabilidad y de derroche de recursos públicos lo tenemos en la elaboración de un Plan de Desarrollo Ganadero en 1994 que costó 40 millones de pesetas, con el objetivo de aumentar la capacidad de autoabastecimiento al 25 % en alimentos de origen animal, doce años después el plan no se ha desarrollado y nuestra capacidad de producción alimentaria de esta naturaleza está por debajo del 7%.
No está entre los objetivos prioritarios de quien gobierna estos insulares espacios la defensa de los intereses del sector ni la protección del suelo rústico. Muchos discursos y declaración de intenciones en los medios, pero la realidad habla de abandono y de pérdida de soberanía alimentaria. En estos momentos de debates estatutarios conviene recordar que el autogobierno empieza por la boca.
Pregunten a los pocos agricultores y ganaderos que quedan para que vean cuál es su estado de ánimo cuando se les interroga sobre el futuro del sector. Los mercaderes individuales y las multinacionales de la agroalimentación, con la complicidad del poder político, han entrada en el templo de la madre tierra, se han adueñado de la producción y ahora van por el suelo, el agua y las semillas. Y, por si faltaba algo, están patentando la vida con los transgénicos para convertirla, también, en mercancía, privatizando el patrimonio genético que pertenece a toda la humanidad, a través de más de 10.000 años de agricultura.
Esto ya no es un problema solo de agricultores y ganaderos, es de todos los ciudadanos consumidores preocupados por la calidad y seguridad alimentaria. Por eso la Unión por el Suelo Rústico quiere ser el principio de una movilización ciudadana en defensa de una nueva cultura del territorio que apueste por la planificación racional de los recursos naturales y de la recuperación de los sistemas agrarios tradicionales, desde una perspectiva agroecológica, a través de la organización autónoma de los productores y consumidores para controlar todo el ciclo de la actividad agraria, desde la producción hasta la venta en origen.
Por el suelo rústico, la soberanía alimentaria y el consumo responsable.

Granadilla de Abona a 4 de octubre de 2006

Por: tagoror achinech | Política y Sociedad | Comentarios (0) | Referencias (0)