Tagoror Achinech

Viernes, 29 de septiembre de 2006

Demanda Judicial contra las turbinas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Tagoror Achinech presenta demanda contra la Autorización Ambiental Integrada, otorgada por la Vicenconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, una vez agotada la vía administrativa.


Las dichosas turbinas. Al fondo el pueblo de Chío

El colectivo social que lleva la lucha contra las turbinas instaladas en Chío, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por entender que la Autorización ambiental Integrada no se ajusta a derecho, tal y como ha expuesto en las alegaciones a tal proyecto, escritos de denuncia y, en el Recurso de Alzada. Y una vez agotada la vía administrativa se continúa con la cabezonería política de dar como bueno lo que, desde el colectivo, se entiende ilegal, por lo que se ha optado por llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para defender lo que por derecho le corresponde a los afectados por esta instalación.

En la Resolución 60/2006, en la que se otorga Autorización Ambiental Integrada a la Compañía eléctrica, se dice que en el trámite de audiencia se citó a todos los propietarios ubicados en un radio de 2.000 metros, de la instalación, sin que ninguno de los vecinos de Chío y Chiguergue (pueblos que se encuentran dentro de esa distancia) hayan recibido tal notificación, por lo que el colectivo entiende que se ha vulnerado el derecho a los vecinos a personarse en dicho trámite de audiencia y, que al considerar afectados a los propietarios en un radio de 2.000 metros viene a legitimar el R.D. 241/1961, de 30 de noviembre, que expone que este tipo de instalaciones no puede instalarse a menos de 2.000 metros de un núcleo más próximo de población agrupada. Circunstancia que siempre han rechazado y es considerada, por Tagoror Achinech, como un agravio comparativo, ya que el Diario Oficial de Extremadura, número 11, deniega una Autorización Ambiental Integrada, a una central eléctrica por encontrarse a una distancia de 1.460 metros del pueblo de Alange. Desde el colectivo se argumenta que si la Constitución española dice que todos somos iguales, sin que prevalezca ninguna condición social, ¿A que se debe que el hecho de nacer y residir en Canarias, tenga otro tratamiento que la condición social de residir en Extremadura?

La grave afección a las actividades rurales que se desarrollan en la zona, ha sido otro de los argumentos expuesto por el colectivo, así como las afecciones a los LICs “Laderas de Chío” y Riscos de Lara”, son otros de los aspectos expuestos ante la Consejería de Medio Ambiente, sin que se tuviesen en cuenta, máxime teniendo en cuenta el PIOT prohíbe en las Áreas de Regulación Homogénea de Protección Económica 3 (lugar donde se ubicaron las turbinas) los usos industriales salvo que éstos estén vinculados a la actividad primaria. A tenor de lo establecido en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En la propia resolución de fecha 30 de enero de 2006 y firmada por la Viceconsejera de Medio Ambiente, Milagro Luis Brito, se anuncia que dicha resolución deberá publicarse en el boletín Oficial de Canarias, hecho que no ha ocurrido, por lo que la ciudadanía no ha tenido la oportunidad que el derecho le ampara, de presentar recursos en vía administrativa. Lo que es calificable como vulneración de los derechos básicos de la población.

El Colectivo Tagoror Achinech, asumió el compromiso de luchar contra las turbinas y, ha argumentado que no descansará ni cesará en su lucha, hasta que queden totalmente desmanteladas, por lo que continuará emprendiendo acciones judiciales, ante los estamentos que considere oportuno, y hace un llamamiento a las administraciones públicas, para que reflexionen y no continúen con su cabezonería política, ya que la salud y seguridad de las personas debe primar ante los intereses que llegasen a generarse ante la imposición injusta y canallesca de esas turbinas.

Chío a, 29 de septiembre de 2006

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