Tagoror Achinech

Viernes, 16 de diciembre de 2005

Un año de prisión al alcalde de un municipio barcelonés por delito ecológico

El edil también deberá pagar una multa de 1.800 euros, pero en ningún caso dejará su cargo político porque no ha prosperado la petición del ministerio fiscal de la inhabilitación. La acusación pública también solicitó una pena de tres años de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, mientras que la defensa pidió la absolución del acusado.

Los hechos ocurrieron entre el 1 de enero del 2000 y el 25 de junio del 2001, cuando supuestamente se vertieron residuos industriales procedentes del polígono Can Torrella de la población a la depuradora de Vacarisses (EDAR) -dedicada únicamente al tratamiento de aguas residuales urbanas-, a través de una conexión que recibió la aprobación del alcalde.

Boada anunció ayer que recurrirá la sentencia porque considera que la condena es "desorbitada e incongruente" ya que, según él, se sustenta en un "argumento contradictorio". El alcalde detalla que durante el juicio, celebrado el pasado mes de septiembre, se le acusaba "porque el Ayuntamiento aprobó por pleno los empalmes del colector con la depuradora y esta sentencia dice ahora que debíamos haber procurado la desconexión de los vertidos de las aguas residuales industriales del polígono. Pero eso también hubiese sido constitutivo de delito", matizó Boada.

En la declaración que realizó en el transcurso de la vista, el alcalde de Vacarisses aseguró que el proyecto de conexión del colector de residuos del polígono al de la depuradora se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de octubre de 1991, cuando la depuradora aún no se había construido, y que no se lo comunicó a la junta de saneamiento de la Generalitat -actual Agència Catalana de l´Aigua (ACA)- porque entonces no lo creyó necesario.

La depuradora de Can Torrella estaba autorizada únicamente para tratar las aguas residuales sanitarias del polígono y no las industriales, algo que Boada manifestó desconocer, y, además, destacó que no había recibido ninguna queja sobre vertidos tóxicos de las industrias del complejo hasta el momento en que se denunciaron los hechos.

"Desde 1995 cuando se construyó la depuradora hasta el año 2002 nadie comunicó nunca al Ayuntamiento de que hubiese algún tipo de problema en la depuradora", aclaró ayer Boada. Asimismo, afirmó saber que la EDAR recibía vertidos de colores, aunque precisó que le habían explicado que se trataba de colorantes alimentarios y que no suponían ninguna toxicidad para el agua ni riesgo alguno para la salud de los ciudadanos.

Según la sentencia judicial, el alcalde "no podía ignorar" el hecho de que el caudal de agua recibido por la depuradora fuese "extraordinariamente superior" debido a la creación de casi 50 nuevas empresas en el polígono. El tribunal considera que el edil, en el ejercicio de su cargo, debió "procurar la desconexión de los vertidos de aguas residuales industriales del polígono industrial de Can Torrella a la depuradora".

Fuente: Portal del Medioambiente (16 diciembre 2005)

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